Familia: divorcio, alimentos y cuidado de los hijos.

No hay un valor único fijado por ley. La cuota se determina según las necesidades del hijo —vivienda, educación, salud, esparcimiento— y los ingresos reales de quien debe pasarla.

Si trabaja en relación de dependencia, suele ubicarse entre el 20% y el 35% de los ingresos netos. Si es independiente o no está registrado, se toma como referencia la Canasta de Crianza del INDEC y el salario mínimo, vital y móvil.

El tiempo cotidiano de cuidado también tiene un valor económico que se puede computar.

El régimen de comunicación —antes llamado régimen de visitas— se organiza para darle estabilidad al hijo y para que mantenga vínculo con ambos progenitores.

Si hay acuerdo, los padres presentan un plan de parentalidad: días de semana, fines de semana alternados, vacaciones y fechas festivas. El juez lo homologa.

Si no hay acuerdo, el juez fija un régimen provisorio o definitivo después de escuchar a las partes y al equipo interdisciplinario del juzgado.

El Código Civil y Comercial toma como regla el cuidado personal compartido: ambos progenitores se hacen cargo de la crianza cotidiana.

La modalidad más habitual es la indeterminada. El hijo vive principalmente en la casa de uno y los dos comparten las decisiones.

En la modalidad alternada, el hijo pasa períodos equivalentes en el domicilio de cada progenitor.

Con la ley vigente en Argentina no hay que demostrar culpas ni causas.

Un divorcio de mutuo acuerdo, en CABA o en Provincia de Buenos Aires, puede resolverse en promedio entre 1 y 3 meses. Si lo pide una sola de las partes, suele demorar de 2 a 5 meses, según lo que tarde la notificación.

Presentar desde el inicio una propuesta sobre bienes e hijos acorta el camino hasta la sentencia.

El costo tiene dos partes: los gastos judiciales (tasa de justicia, bono y aportes) y los honorarios profesionales.

Si el divorcio es de mutuo acuerdo, gastos y honorarios se pueden compartir, y cada parte asume la mitad.

En el estudio el presupuesto se pasa antes de iniciar y las facilidades de pago se convienen en la primera consulta.

Nadie está obligado a seguir casado. En Argentina no hace falta el consentimiento ni la firma de la otra persona.

Si no quiere firmar o no responde, se presenta la petición unilateral. El juez notifica la demanda y, aunque no conteste, la sentencia de divorcio se dicta igual.

Sí, si el divorcio o el fin de la unión convivencial te deja en un desequilibrio manifiesto: tu situación económica empeora respecto de la que tenías durante la convivencia.

Puede pagarse en una suma única, con un usufructo o en cuotas.

El plazo para reclamarla es de 6 meses desde la sentencia de divorcio o desde que terminó la convivencia.

Los bienes gananciales, los adquiridos durante el matrimonio, se dividen por mitades al liquidar la sociedad conyugal.

Cada cónyuge responde con sus bienes por las deudas que contrajo solo, salvo que se hayan destinado a las necesidades del hogar o a la educación de los hijos.

El uso de la vivienda familiar se puede atribuir a uno de los cónyuges, aunque el inmueble no esté solo a su nombre. El juez mira primero quién queda al cuidado de los hijos menores o con discapacidad, y quién acredita mayor necesidad o imposibilidad de conseguir otra vivienda.

La atribución se fija por un plazo y puede incluir una renta compensatoria para la otra parte.

La unión convivencial registrada otorga derechos, pero no da vocación hereditaria ni un 50% automático de los bienes, como sí ocurre en el matrimonio.

Sí protege la vivienda familiar: no se puede vender sin el asentimiento del otro si hay hijos menores. También puede haber compensación económica e inscripción en la obra social.

Se pueden firmar pactos de convivencia para definir cómo se reparten los bienes aportados o adquiridos durante la unión.

Es una situación grave y no conviene esperar.

Se pide de urgencia una medida cautelar de restitución, con habilitación de días y horas inhábiles, ante los juzgados de familia de Provincia de Buenos Aires o de CABA.

Se denuncia el incumplimiento del régimen y, si hace falta, se requiere al equipo técnico del juzgado o el auxilio de la fuerza pública.

Para salir del país con un menor hace falta la autorización expresa de ambos progenitores.

Si hay una sospecha fundada de que van a sacarlo sin tu consentimiento, se pide una medida cautelar de prohibición de salida y la traba del pasaporte en la Dirección Nacional de Migraciones.

Sí. El incumplimiento habilita el cobro compulsivo.

Se ejecutan los alimentos adeudados, con intereses y astreintes. Se puede pedir embargo de sueldo, de cuentas y de vehículos, la suspensión de la licencia de conducir y la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Trabajar sin registro no exime de alimentar a los hijos.

Se le pide al juez que fije la cuota según la Canasta de Crianza del INDEC o un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil. Se puede acreditar el nivel de vida —gastos, viajes, autos a nombre de terceros— y, además, reclamar alimentos de manera subsidiaria a los abuelos.

Si hay riesgo de que se oculten o se vendan bienes gananciales, no hay que esperar a la sentencia.

Se pide con urgencia un embargo preventivo, una inhibición general de bienes o la anotación de litis sobre propiedades y vehículos. Eso frena la disposición del patrimonio hasta que se liquide la sociedad conyugal.

La ley prioriza el techo de los hijos menores.

Aunque el inmueble no sea de la pareja, se puede pedir la atribución del uso de la vivienda familiar a favor de quien ejerce el cuidado principal. Eso puede frenar o postergar un desalojo mientras dure la necesidad de vivienda.